El directorio de UTE aprobó un ajuste en las tarifas de carga de vehículos eléctricos en puntos públicos, con el argumento de que existe un desvío creciente entre los costos de operación y los precios que actualmente pagan los usuarios. Según el comunicado oficial, la intención es acercar paulatinamente las tarifas al costo real del servicio, evitando que se profundicen desequilibrios financieros que puedan poner en riesgo la sustentabilidad de la red. Además, se adelantó que se contemplan dos nuevos ajustes durante 2026 para continuar ese proceso de alineación.
Lo que se conoce al momento es que este aumento no sólo afecta al precio por kilovatio hora (kWh), sino también a otros conceptos vinculados a la conexión y al tiempo que el vehículo permanece enchufado sin estar cargando. Este último ítem busca incentivar el uso eficiente de los puestos de carga y reducir bloqueos innecesarios en una red que, aunque creciente, todavía tiene zonas con alta demanda.
Uruguay ha apostado fuerte por la movilidad eléctrica: desde subsidios a la compra hasta la instalación estratégica de infraestructura pública por parte de UTE, con más de 300 puntos de carga en todo el país. Esta expansión responde no sólo a una tendencia global sino también a una política energética sustentable en un país que obtiene la gran mayoría de su energía eléctrica de fuentes renovables.
